Juicio perdido por Sony Computer Entertainment ante la demanda de muchos usuarios que veían improcedente e ilegal la tan polémica actualización 3.21 de PlayStation 3, aquella que restringía el uso de la máquina con otros sistemas operativos, como Linux, y que Sony frenó de lleno «por cuestiones de seguridad» de su consola. La compañía va a tener que pagar 55 dólares de multa a todos los que presenten pruebas de haber tenido instalado Linux en su máquina y que éste se desinstalara con aquel ruidoso update de firmware.
Además, 9 dólares de multa a todos los que demuestren que compraron la consola con intención de instalarle Linux u otro S.O. y que vieron con aquel parche como se anulaba su principal motivo de compra. Esto, ante un número de demandas como el que se han presentado en Norteamérica y las que podrían llegar, nos hace hablar de unas cantidades muy considerables, pues, en su momento, usaron esta función del sistema operativo alternativo en torno a 10 millones de usuarios.
De momento, el caso permanece a espera del último juicio y podría ser recurrido por la multinacional. Pero todo apunta, según el medio Ars Technica que ha revelado la noticia, a que el equipo legal de Sony va apreferir pagar la sanción que seguir adelante con la causa. De momento no se sabe si este asunto tendrá réplica en otros territorios, como Europa o Asia, pero el caso estadounidense puede ser el principio de un caso internacional respecto a cambios de políticas informáticas y actualizaciones restrictivas.